El Principado de Asturias pagará un máximo de 700 euros al mes a quien ceda un piso para alquilar

El Principado sería así una suerte de agencia de intermediación. Según reconoce la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda en el preámbulo del decreto propuesto, «un número significativo de viviendas se encuentra desocupado en poder de pequeños propietarios», entre otras razones por «el riesgo de impago de la renta y la preocupación por la eventual degradación del inmueble más allá del desgaste ordinario». Eso «reduce la oferta del alquiler, acelera el encarecimiento del mercado y perpetúa un círculo vicioso que dificulta el acceso a la vivienda».

Para romperlo, la consejería haría una encomienda de gestión para que la sociedad pública Vipasa gestione el programa 'Alquilámoste'. Todas las relaciones con los propietarios y los inquilinos pasarían así por ella.

El primer paso que dará es fijar una suerte de cupo de viviendas a incorporar al programa. En función del presupuesto y la planificación de la consejería se «deteminará periódicamente los concejos en los que radicarán las viviendas a incorporar al programa, el número máximo de viviendas a seleccionar, así como el plazo de duración del derecho de usufructo sobre las mismas».

Lo que busca la administración son viviendas nuevas o usadas, que «no estén sujetas a ningún régimen de protección pública», sin cargas, que tengan entre 30 y 150 metros cuadrados y en la cocina dispongan de «horno y vitrocerámica». Las viviendas «deberán estar ubicadas en núcleos urbanos (...) preferentemente en edificios de tipología residencial colectiva». Es decir, la zona rural quedaría fuera; «solo excepcionalmente podrán admitirse viviendas unifamiliares».

El propietario deberá cubrir una solicitud acreditando la propiedad, ofreciendo ese piso y estar al día en los pagos de comunidad. Los técnicos de Vipasa inspeccionarían la vivienda y pueden proponer hacer algún arreglo, siempre que su coste no exceda del canon que se pagará al dueño durante un año. Esa inversión se descontaría de la retribución al propietario.

El dueño firmará un contrato en el que cede el usufructo temporal pleno y exclusivo durante siete años y cuatro meses. «El usufructo no se extenderá a garajes, trasteros u otros anejos que existan, salvo pacto expreso contrario». A cambio el propietario recibirá un canon mensual que no podrá exceder de los 700 euros, y que se actualizará año a año. Para su cálculo Vipasa tomaría como referencia el Índice de Garantía de Competitividad, y no el IPC, según el borrador ahora abierto a alegaciones. A ese cálculo se le descontará un 10% «como contraprestación por las garantías que ofrece el programa». El pago del IBI queda abierto a la negociación.

El dueño podrá recuperar el uso de su vivienda antes de tiempo si, con antelación, justifica que la necesita para sí, o un familiar de primer grado, por divorcio o por adopción. Si, pasado esos siete años y cuatro meses, hiciera falta alguna reparación o hubiera un okupa negándose a dejar la vivienda, Vipasa seguiría asumiendo sus obligaciones de pago.

Al dueño no se le permite fijar condiciones sobre los futuros inquilinos. Su selección es asunto exclusivo de Vipasa, que asume los gastos por suministros y un seguro multirriesgos. Podrán optar a estos alquileres individuos y unidades de convivencia con ingresos ponderados entre los 2 y los 7,5 veces el Indicador Públicao de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). En estos momentos eso supone que habría que estar entre los 16.800 y los 63.000 euros de ingresos anuales.

El precio del alquiler se fijará aplicando «una reducción del 10% sobre el canon de referencia». Esa diferencia la asumiría la propia administración. La mensualidad en todo caso no podrá suponer más del 30% de los ingresos del inquilino o la unidad familiar.

Los aspirantes se inscribirán en una lista. Si cumplen los requisitos se les notificará cuando haya una vivienda disponible, programándole una visita dos días después; después de ella tendrá otros dos días para comunicar si acepta el piso o no. Rechazar tres propuestas sin causa justificada podría suponer su exclusión durante seis meses.